Hay problemas que existen mucho antes de que decidamos mirarlos. El de la vivienda lleva años delante de nosotros. Lo hemos contado con gráficos, porcentajes, precios por metro cuadrado, tipos de interés, desahucios, fondos, okupación, grandes tenedores, zonas tensionadas, vivienda vacacional o falta de suelo. Y mientras discutíamos sobre todo eso, la gente hacía algo bastante menos sofisticado, adaptarse. Compartir piso durante más años, volver a casa de los padres, mudarse más lejos, aceptar una casa peor, gastar más en gasolina, no ahorrar, no comprar, posponer un hijo o simplemente cruzar los dedos cada vez que se acerca la renovación del alquiler.

Hasta que apareció Maricarmen. Una mujer de 87 años, con discapacidad, saliendo de la casa de Madrid en la que llevaba viviendo 71 años. Su desahucio no creó el problema de la vivienda. Lo hizo visible.

Comunicativamente es especialmente interesante. Llevábamos años teniendo datos suficientes para saber que algo estaba pasando, pero los datos no tienen cara. No lloran, no salen en una camilla ni tienen detrás una puerta en la que han vivido durante siete décadas. Maricarmen sí. De repente ya no hablábamos de una estadística, hablábamos de alguien. Y hay pocas cosas más poderosas en comunicación —y por tanto también en política— que el momento en que un problema personal consigue convertirse en colectivo.

Después llega el relato. Anciana vulnerable, inquilina, víctima, símbolo de un sistema, amenaza a la propiedad privada. Las palabras nunca son inocentes cuando estamos intentando decidir quién es la víctima, quién es el responsable y quién debe pagar la solución. Yo no quiero resolver aquí el caso judicial de Maricarmen porque para eso están los tribunales. Me interesa otra cosa: ¿por qué hizo falta Maricarmen para que volviéramos a mirar el problema?

Quizá porque nos habíamos acostumbrado. Incluso a una cosa bastante extraordinaria como que trabajar ya no garantice necesariamente poder mantener una casa. Y no estoy pensando solo en los jóvenes que no pueden emanciparse. A mí hay otro grupo que me preocupa incluso más y del que escucho hablar bastante menos que son sus padres.

Pienso en la mujer de 47, 50 o 53 años que vive de alquiler con uno o dos hijos. O en la pareja que trabaja, cobra todos los meses, ha criado una familia, ha pagado comida, colegio, luz, agua, gasolina, seguros, alquiler y todos esos gastos que nunca aparecen juntos cuando hacemos la cuenta de lo que cuesta vivir. No consiguió ahorrar la entrada de una vivienda y ahora ya no tiene 28 años. Sigue pagando alquiler, sigue sin poder ahorrar lo suficiente para comprar, las casas cuestan cada vez más y el tiempo empieza también a jugar en su contra porque el plazo de una hipoteca no es infinito.

Y, sobre todo, vive con el miedo de que llegue la carta. El mensaje. La llamada. «Necesito la vivienda». O «te renuevo, pero son 300 euros más». ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hace una madre con dos hijos escolarizados si trabaja, paga sus facturas, no tiene 40.000 o 50.000 euros ahorrados y las viviendas que encuentra cuestan ahora 300 euros más al mes?

Porque cambiar de casa no es simplemente cambiar de casa. Puede significar cambiar a tus hijos de colegio, alejarte del trabajo, necesitar otro coche, gastar más combustible, perder a la abuela que los recoge por las tardes, perder tu red o marcharte del municipio en el que has construido tu vida. Y esa familia puede no aparecer en ninguna fotografía de pobreza extrema. Tiene nómina. Trabaja. Paga. Quizá ni siquiera cumple los requisitos de determinadas ayudas. Pero vive a una renovación de contrato de que todo su puzzle salte por los aires.

Ese espacio intermedio me absorbe porque quizá nos hemos acostumbrado a pensar la vivienda desde dos extremos, el joven que no consigue emanciparse y la persona vulnerable que está a punto de ser desahuciada. ¿Y toda la gente que hay en medio? La que lleva quince o veinte años pagando por vivir y no ha conseguido convertir ninguno de esos años en seguridad residencial.

Ahí es donde para mí esto deja de ser exclusivamente un problema de vivienda. Es un problema de modelo de sociedad. Porque una persona puede hacer exactamente lo que se supone que tiene que hacer —trabajar, pagar impuestos, cumplir sus obligaciones— y aun así no tener asegurado algo tan elemental como dónde va a vivir dentro de un año.

En el segundo trimestre de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% respecto al año anterior. La vivienda usada, un 12,9%. Otra de las contradicciones que me cuesta quitarme de la cabeza es que hay personas capaces de pagar una hipoteca cada mes que no pueden comprar una casa porque no tienen la entrada.

Uno de los decretos aprobados esta semana intentó resolver precisamente esa barrera mediante TU CASA: el Estado prestaría, sin intereses ni comisiones, hasta el 20% del valor de la primera vivienda, con un máximo de 50.000 euros, como complemento de la hipoteca bancaria. La idea tiene sentido, vale. Te lo compro, porque si puedo pagar una hipoteca pero llevo quince años sin conseguir ahorrar la entrada porque mientras tanto pago un alquiler, alguien me ayuda a romper ese círculo.

Perfecto. Pero hagamos una cuenta que entendamos todos. Una casa cuesta 250.000 euros. El banco me presta 200.000. Yo necesito otros 50.000 y no los tengo. El Estado me los presta. Ya puedo comprar. Problema resuelto. Bueno, uno. Porque la casa sigue costando 250.000 euros y yo sigo teniendo que devolver 250.000. El Estado me ha solucionado la entrada, no me ha abaratado la vivienda. 

Pero ¿qué estamos haciendo al mismo tiempo para que esa casa que hoy cuesta 250.000 no cueste mañana, después del decreto 300.000? Porque si tenemos diez casas y veinte personas queriendo comprarlas y ayudamos a esas veinte a conseguir el dinero, seguimos teniendo diez casas. Si el precio continúa subiendo, la siguiente familia ya no necesitará 50.000. Necesitará 60.000 o 70.000.

No estoy diciendo que prestar la entrada vaya necesariamente a subir los precios. Estoy diciendo que facilitar financiación no resuelve por sí mismo la escasez que está detrás de una parte del encarecimiento. Es como acercarme una escalera para alcanzar algo que cada vez colocamos más arriba. Gracias por la escalera. Pero en algún momento tendremos que preguntarnos por qué demonios no deja de subir el techo.

Llegamos a la palabra inevitable, construir. Sí, hay que construir. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 la diferencia acumulada entre la creación neta de hogares y las viviendas terminadas rondó las 750.000. Pero al mismo tiempo España tenía en el último Censo 3,8 millones de viviendas vacías. ¿Cómo pueden faltarnos viviendas y tener casi cuatro millones vacías? Porque las casas no tienen ruedas. Muchas no están donde está la demanda.

Una casa vacía en Teruel no soluciona el alquiler de Tenerife. De acuerdo. ¿Por qué todo el mundo necesita ir a vivir precisamente donde las casas no alcanzan? Hemos concentrado empleo, universidades, grandes empresas, administraciones, hospitales, cultura, transporte y oportunidades en determinados lugares y después intentamos solucionar exclusivamente con política de vivienda las consecuencias de haber concentrado allí también a la población.

¿Y si una parte de la política de vivienda tuviera que hacerse fuera de Vivienda? Con empleo, fibra, transportes, médicos, colegios, cuidados, incentivos empresariales y administraciones que permitan trabajar desde otros lugares. Con pueblos y pequeñas ciudades desde los que se pueda producir, trabajar, criar y vivir sin sentir que uno se ha marchado del mundo. No propongo mandar a nadie a un pueblo porque Madrid sea cara. Propongo que vivir en otro sitio pueda ser una elección real. Porque una casa barata donde no tengo trabajo, médico, colegio, conexión ni transporte no es una alternativa habitacional. Es una casa barata. Y no es lo mismo.

También habrá que construir allí donde realmente faltan viviendas. Pero habrá que averiguar qué construimos y para quién. España ha construido muchísima vivienda protegida a lo largo de su historia y una parte terminó perdiendo esa protección y entrando en el mercado libre. Si utilizamos dinero público para construir una vivienda asequible que dentro de unas décadas puede venderse a precio de mercado, ¿estamos construyendo parque público o financiando temporalmente vivienda barata? Está claro que construir importa pero conservar lo construido también es fundamental.

Y después están los propietarios. Aquí creo que hemos cometido otro error enorme de comunicación, colocar al propietario y al inquilino uno enfrente del otro, como si para proteger a uno hubiera necesariamente que fastidiar al otro. El inquilino teme que le suban el alquiler, que no le renueven o no encontrar otra casa. El pequeño propietario puede temer un impago, un procedimiento interminable o tener que asumir personalmente una situación de vulnerabilidad que él tampoco ha provocado.

Yo tengo bastante claro que una familia vulnerable no debería acabar en la calle. Para mí ese debate está superado. Preguntémonos ¿quién paga esa vulnerabilidad? ¿Otro ciudadano porque resulta que es el propietario de la vivienda o el Estado porque estamos hablando de política social para que se supone pagamos impuestos? ¿Por qué no puede el Estado garantizar el cobro al propietario en determinadas situaciones y, al mismo tiempo, garantizar que una familia vulnerable no se quede en la calle? Creo firmemente que proteger al propietario y proteger al inquilino no son objetivos incompatibles. Quizá necesitamos que el propietario tenga suficiente seguridad para querer alquilar y el inquilino suficiente estabilidad para poder llamar hogar a la casa en la que vive.

Tampoco podemos hablar de vivienda en Canarias sin hablar del turismo. Una misma casa puede alquilarse durante diez años a una familia, durante meses a trabajadores temporales o durante días a turistas. Cuando esos usos compiten por un parque limitado, algo ocurre. Eso no significa que eliminando una vivienda vacacional aparezca automáticamente una vivienda residencial ni que el turismo sea el culpable único del problema. Pero tampoco parece serio fingir que en territorios con enorme presión turística el uso que hacemos de las viviendas no afecta al mercado residencial.

Y volvemos al mismo sitio. No hay un único culpable ni una única palanca. Grandes tenedores, pequeños propietarios, vivienda turística, alquiler temporal, casas vacías, falta de construcción, suelo, licencias, fiscalidad, salarios, crédito, parque público, ordenación territorial, seguridad jurídica y vulnerabilidad están ocurriendo al mismo tiempo.

Por eso tampoco me asusta la palabra intervenir. Intervenimos mercados constantemente. La cuestión no es Estado sí o Estado no. La pregunta que me interesa es qué comportamiento queremos conseguir. Si quiero que un pequeño propietario alquile su casa durante diez años a un precio razonable, ¿por qué no premiarlo fiscalmente? Si una vivienda permanece cerrada durante años en una zona donde las familias no encuentran casa, ¿debe recibir exactamente el mismo tratamiento? Si queremos determinadas viviendas para uso residencial y no turístico, tendremos que crear incentivos y desincentivos coherentes con ese objetivo. Los impuestos no deberían servir solamente para recaudar. También ayudan a fomentar comportamientos que nos interesan por el bien general.

Y mientras intentábamos discutir todo esto llegó la política. Bueno, mejor dicho, la falta de política y el exceso de partidismo. El Gobierno aprobó dos decretos el 29 de septiembre y el Congreso los rechazó el 2 de octubre. Reconozco que la comunicación política me fascina. Volvimos a cambiar de conversación. Dejamos de hablar de casas y empezamos a hablar de quién había tumbado los decretos, de quién había negociado mal, de Junts, del PP, de Vox, de Sumar, de mayorías, de legislatura y hasta de elecciones.

La vivienda había conseguido entrar en el Congreso y, una vez dentro, el partidismo político volvió a convertirse en el tema principal.

Lo paradójico es que quizá la sociedad está bastante menos dividida de lo que parece. Una encuesta de 40dB realizada entre el 25 y el 28 de septiembre encontró que el 67,5% apoyaba limitar los precios aunque disminuyera la rentabilidad del propietario. También lo hacía el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox. El 82,4% respaldaba aumentar la vivienda social y el 79,7% incentivar fiscalmente a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. La encuesta se realizó antes de la aprobación de los decretos y, por tanto, no demuestra apoyo a esos textos concretos. 

Lo que sí revela son consensos interesantes sobre medidas concretas. O sea, hay más acuerdo entre los ciudadanos sobre algunas soluciones que entre los partidos que los representan. Porque llevamos años instalados en una comunicación política basada en diferenciarnos, buscar culpables, construir adversarios y explicar por qué el otro es el problema. Y después llega un asunto como la vivienda que exige exactamente lo contrario. Requiere Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos; propietarios e inquilinos; sector público y privado; políticas cuyos resultados no veremos en una legislatura.

Necesitamos más acuerdos justo cuando hemos construido una política que obtiene rédito del desacuerdo. Y así es muy difícil gobernar un problema que necesita diez o veinte años.

Esto no se arregla con un decreto. Ni con dos. Ni con siete. No existe la medida. Habrá que construir donde haga falta, conservar parque público, movilizar viviendas donde tenga sentido, decidir qué hacemos con determinados usos turísticos, dar seguridad al pequeño propietario, proteger al inquilino vulnerable, revisar incentivos fiscales, facilitar el acceso al crédito sin utilizar el crédito para perseguir eternamente precios cada vez mayores y repartir oportunidades por el territorio. Y probablemente habrá que equivocarse, medir y corregir.

Si alguien se está desangrando, primero hay que parar la hemorragia. Claro que sí. Un desahucio puede necesitar una respuesta urgente y una familia puede necesitar protección mañana, no dentro de diez años cuando hayamos construido vivienda suficiente. Los parches son necesarios. Pero no confundamos el parche con la cura.

Por eso vuelvo a aquella familia. No al joven que todavía no ha conseguido marcharse de casa. A su madre. A esa mujer de cincuenta años que quizá lleva veinte trabajando y quince pagando alquiler. No tiene una vivienda en propiedad. No tiene 50.000 euros en el banco. Tiene hijos, trabajo y una vida montada alrededor de una casa que no es suya. Y cada vez que termina el contrato sabe que puede llegar una carta.

Quizá ahí está la medida real de esta crisis. No solamente en cuánto cuesta una casa, sino en cuánta seguridad somos capaces de construir alrededor de una vida normal.

Porque una vivienda no es solamente un activo financiero. Tampoco es solamente un derecho escrito en una ley. Es el lugar desde el que organizamos prácticamente todo lo demás. Es dónde duermen nuestros hijos, a qué colegio van, cuánto tardamos en llegar al trabajo, quién cuida a nuestros padres, dónde tenemos amigos, si podemos separarnos, tener otro hijo, ahorrar o envejecer tranquilos.

Eso es un hogar.

Quizá por eso Maricarmen consiguió en unas horas lo que millones de cifras no habían conseguido durante años, recordarnos que detrás de cada porcentaje había una puerta. Y detrás de cada puerta, alguien preguntándose cuánto tiempo más podría seguir llamando casa al lugar en el que vive.